Lo que quiere Sánchez ‘amoldar’ en presión fiscal: Cataluña, la que más, Madrid, la que menos

Lo que quiere Sánchez ‘amoldar’ en presión fiscal: Cataluña, la que más, Madrid, la que menos

Lo que quiere Sánchez ‘amoldar’ en presión fiscal: Cataluña, la que más, Madrid, la que menos

15 abril, 2021

EL GOBIERNO DE PSOE-PODEMOS ASPIRA A IMPLANTAR EN EL RESTO DE ESPAÑA LA MISMA PRESIÓN FISCAL QUE EN CATALUÑA, 46,9 PUNTOS MÁS QUE EN MADRID Y 34,5 MÁS QUE LA MEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal y Madrid la que menos, según el informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas. Condición necesaria para el desarrollo económico». La diferencia entre ambas es de 46,9 puntos y eso es lo que quiere amoldar Pedro Sánchez y su Gobierno de PSOE-Podemos: No armonizar a la baja, es decir, bajar los impuestos a los catalanes, sino al alza, es decir, subir los impuestos a los madrileños.

En la presentación del estudio, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha señalado que la crisis de la covid ha intensificado «los graves problemas» de la economía española, con un aumento del déficit publico y de la deuda, que requerirá «tomarse en serio su reducción», para lo que es necesario generar crecimiento económico y empleo, y ha rechazado aumentar los impuestos «en un momento tan delicado».

Ha agregado que aumentar la imposición en seis puntos, como sugiere el Gobierno, es «negativo», y que subir los impuestos no siempre tiene un efecto positivo, porque desincentiva la inversión, y ha abogado por hace aflorar la economía sumergida. Según el estudio de esta entidad privada, España no está por debajo de la media de presión fiscal de la Unión Europea, si se tiene en cuenta esa economía sumergida, que es «sustancialmente más elevada» que en la media de la UE.

RÁNKING DE LA PRESIÓN FISCAL EN ESPAÑA

España cuenta con una presión fiscal normativa en 2020 diez puntos superior a la media de la Unión Europea, 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE, precisa. Madrid obtendría una presión fiscal de 87,6 puntos, la más favorable, seguida de los distintos territorios del País Vasco, y el peor resultado se da en Cataluña, donde el índice se elevaría hasta los 134,5 puntos. Esto supone superar a Madrid en 46,9 puntos y a la media de la UE en 34,5. Además, los altos impuestos generan más economía sumergida. El índice de Madrid en este parámetro es de 16, frente al 23 de Cataluña.

Cualquier armonización de tributación entre comunidades autónomas debería hacerse a la baja, y no al alza

El informe destaca la importancia de la corresponsabilidad fiscal, y en su defecto, que cualquier armonización de tributación entre comunidades autónomas debería hacerse a la baja, y no al alza. Considera positivo dejar que los territorios puedan reducir los impuestos que cobran a sus contribuyentes, puesto que existe una correlación clara entre un sistema fiscal eficiente y competitivo, que evite distorsiones y con tipos reducidos, y un mayor crecimiento económico, lo que produce la paradoja de que territorios con impuestos más bajos consigan una mayor recaudación que aquellos otros que mantienen una tributación elevada. Pone como ejemplo Madrid, donde, a pesar de sus bonificaciones, se recauda por el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una cantidad similar a la de Cataluña, que la supera en habitantes y tipos impositivos, y ello debido a que el número de donaciones en Madrid se ha incrementado muy significativamente desde que se introdujeron las bonificaciones.

Mejor gestión, menos impuestos

El mismo informe recuerda que los impuestos afectan a las decisiones económicas de los contribuyentes, la ubicación de las empresas y la creación y mantenimiento del empleo, por lo que la competitividad depende, en gran medida, de la transparencia y eficiencia del sistema fiscal, ya que un territorio con menores costes tributarios será más atractivo para la inversión de las empresas y tenderá a experimentar un mayor crecimiento económico que aquellos con una presión fiscal mayor. Según el estudio, partiendo de unas competencias similares para las distintas comunidades es necesario respetar que los ciudadanos de cada territorio decidan qué bienes y servicios públicos desean, así como qué prestaciones y ayudas están dispuestos a sostener mediante sus impuestos. Favorece la eficiencia del gasto público que las comunidades mejor gestionadas puedan repercutir el menor coste en la prestación de servicios, exigiendo unos impuestos más reducidos, puesto que tienen menores necesidades de financiación.

Línea Directa saldrá a Bolsa el 29 de abril

Línea Directa saldrá a Bolsa el 29 de abril

Línea Directa saldrá a Bolsa el 29 de abril

15 abril, 2021

HA SIDO VALORADA EN 1.434 MILLONES DE EUROS, A 1,318 EUROS POR ACCIÓN

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

Línea Directa se estrenará en bolsa el próximo 29 de abril valorada en 1.434 millones de euros, a 1,318 euros por acción, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya aprobado este jueves el folleto de admisión a cotización de la aseguradora de Bankinter.

Según ha informado el banco en un comunicado, está previsto que su consejo de administración apruebe la salida a bolsa de Línea Directa el 21 de abril, en una reunión en la que también se acordará que el último día que las acciones de Bankinter cotizarán con derecho a recibir títulos de la aseguradora sin contraprestación alguna será el 28 de ese mes.

Al día siguiente, las acciones de ambas compañías cotizarán ya de forma independiente, de forma que quienes compren acciones de Bankinter tanto en esa sesión como en adelanta ya no tendrán derecho a recibir ningún títulos de Línea Directa.

Por el contrario, los antiguos accionistas del banco, entre los que destaca Jaime Botín, recibirán por cada título de Bankinter uno de Línea Directa, sabiendo que se estrenará a 1,318 euros por acción, para alcanzar la valoración de 1.434 millones.

Así, Bankinter da los últimos pasos para concluir la salida a bolsa de Línea Directa, después también de que la Dirección General de Seguros no se haya opuesto a la modificación de las participaciones significativas en la aseguradora.

Bankinter anunció el 23 de marzo que había obtenido la autorización del Banco Central Europeo para seguir adelante con la salida a bolsa de Línea Directa, operación que comunicó en diciembre de 2019 y fue refrendada por los accionistas el 19 de marzo de 2020, con el primer estado de alarma ya decretado por la pandemia.

La «inédita coyuntura» de entonces, en palabras de Bankinter, hizo que el estreno bursátil se haya aplazado hasta ahora.

Antes de su salida a Bolsa, Línea Directa pagará un dividendo a Bankinter de 120 millones de euros, quedando su ratio de solvencia en torno al 210 %. Luego, pasará a ser una empresa cotizada e independiente del banco.

Bankinter asegura que «la fortaleza de sus líneas de negocio, tanto las procedentes de la reciente expansión geográfica en Portugal, Irlanda y Luxemburgo, como aquellas relativas a las nuevas fuentes de ingresos o a las líneas más consolidadas, permitirán a la entidad compensar la ausencia de los ingresos de Línea Directa en un horizonte aproximado de tres años».

A principios de abril, Línea Directa informó de que Alfonso Botín, hijo de Jaime Botín, presidirá el nuevo consejo de administración de la aseguradora ya sin funciones ejecutivas, mientras que Miguel Ángel Merino será el consejero delegado y el único ejecutivo de la compañía.

El máximo órgano de gestión de la aseguradora reducirá de nueve a siete sus miembros, de los que cuatro serán independientes, dos dominicales (Alfonso Botín y Fernando Masaveu) y uno ejecutivo (Miguel Ángel Merino).

Elena Otero-Novas, Rita Estévez, Ana María Plaza Arregui y John de Zulueta, «con una extensa y destacada trayectoria profesional» serán los consejeros independientes de la aseguradora.

La composición del consejo de administración, a ojos de la compañía, ponía de manifiesto el compromiso de Línea Directa Aseguradora de cumplir con las recomendaciones del código de buen gobierno de la CNMV, así como con las mejores prácticas internacionales en esta materia.

Por un lado, en relación con la diversidad, tanto al nivel de formación y experiencia como de género, las consejeras representan un 43 % de miembros del consejo.

Por otro lado, en términos de independencia, los consejeros independientes son un 57 %, cuatro de siete.

Ana Botín reclama actuar ya para no perder a miles de pymes y empresas

Ana Botín reclama actuar ya para no perder a miles de pymes y empresas

Ana Botín reclama actuar ya para no perder a miles de pymes y empresas

15 abril, 2021

LA PRESIDENTA DEL BANCO SANTANDER AUGURA UN CAMINO DE RECUPERACIÓN «DURO Y LARGO» TRAS LA PANDEMIA

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha considerado este jueves que el futuro de España depende de que se puedan salvar a miles de pymes y empresas que lo están pasando mal y tienen futuro y ha reclamado actuar ya.

Al mismo tiempo, ha advertido de que, aún cuando la pandemia haya desaparecido, quedará un camino de recuperación «duro y largo» y va a hacer falta «remar mucho aunque sea para estar donde estábamos antes» de que estallara la crisis del coronavirus.

Durante su participación virtual en el Foro «Wake Up, Spain», organizado por El Español e Invertia, Botín ha insistido en un vídeo previamente grabado que hay que encontrar soluciones para los miles de empresas que están en dificultades.

Muchas empresas y empleos en juego

En su opinión, hay muchas empresas que no podrán sobrevivir en el nuevo contexto si no se les da soluciones y empleos que inevitablemente desaparecerán porque hay sectores, ciudades e incluso regiones que tendrán que buscar alternativas.

En otros casos, sin embargo, bastará con darles apoyo para que aguanten un poco más, hasta que se vuelva a la normalidad, pues Botín considera que sin ayudas será difícil que muchas empresas lleguen a buen puerto.

Se trata, en definitiva, de salvar «de manera justa» empresas y pymes que generan empleo y están pasando por una situación complicada a consecuencia del impacto de la pandemia, como el ejemplo que ha expuesto de una lavandería de la isla de Gran Canaria, afectada de lleno por el colapso del turismo.

Más problemas para Repsol en México: aprobada la Ley de Hidrocarburos para fortalecer a Pemex

Más problemas para Repsol en México: aprobada la Ley de Hidrocarburos para fortalecer a Pemex

Más problemas para Repsol en México: aprobada la Ley de Hidrocarburos para fortalecer a Pemex

15 abril, 2021

ARA LA OPOSICIÓN Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES CON ESTA LEY SE CORRE EL RIESGO DE LA EXPROPIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE OTRAS EMPRESAS BAJO PRETEXTOS POCO CLAROS Y AMBIGUOS

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la polémica Ley de Hidrocarburos, que busca fortalecer a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de otras petroleras internacionales presentes en el país, como es el caso de la española Repsol. Para la oposición y asociaciones empresariales con esta ley se corre el riesgo de la expropiación de las instalaciones de otras empresas bajo pretextos poco claros y ambiguos.

«Con 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, el pleno aprobó, en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos», indicó la Cámara Baja en un boletín.

El documento, remitido al Senado para ratificación, deriva de una iniciativa que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo.

Con lo aprobado por los diputados -en una sesión que terminó a las 2.00 hora local (7.00 GMT) tras 12 horas de debate- se actualiza y regula el almacenamiento mínimo de petrolíferos.

«También, robustece el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, y suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional», indicó el comunicado.

Además, se incluye como causal de revocación de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.

Incorpora la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo la suspensión de los permisos que emitieron, «a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros».

Fuertes críticas

La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Pemex -severamente endeudada- un mayor control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.

La reforma abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y busca «rescatar» a Pemex y tumbar la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2014.

De la misma manera que la Ley de la Industria Eléctrica, hoy suspendida judicialmente, esta normativa ha recibido críticas de la oposición, del sector empresarial y de analistas que consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación.

«Esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como el de seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional», denunció en días pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo autónomo de México, advirtió este miércoles que dicha ley podía afectar la competencia al no dar suficiente «certidumbre» a las empresas públicas y privadas.

Presencia de Repsol en México

En este sentido, la española Repsol es una de la petroleras extranjeras con mayor peso en país azteca. Cuenta derechos mineros sobre 6 bloques de exploración en el offshore del golfo de México, con una superficie neta de 4.842 Km2. 5 de estos bloques (Bloques 10, 14, 29, 5 y 12), fueron adjudicados a Repsol en 2018, siendo el operador en todos ellos. Además tiene 250 estaciones de servicio en más de 18 Estados de la República.

Asimismo, tiene una planta de producción de caucho sintético en Altamira, con una capacidad instalada del 100%. Desde 1999 participa en Dynasol, alianza en la que colaba junto con el grupo mexicano KUO, negocio dedicado a la fabricación del caucho en solución.

También produce lubricantes en México a través de ña participación del 40% en Bardahl, compañía mexicana de lubricantes y fluidos automotrices en una planta de la que la petrolera española presume que es la más moderna de Latinoamérica.

Brufau, imputado por contratar al excomisario Villarejo para frenar la entrada de Sacyr en Repsol

Brufau, imputado por contratar al excomisario Villarejo para frenar la entrada de Sacyr en Repsol

Brufau, imputado por contratar al excomisario Villarejo para frenar la entrada de Sacyr en Repsol

15 abril, 2021

LA INICIATIVA DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VILLAREJO PARTIÓ Y FUE GESTIONADA POR EL PROPIO BRUFAU EN UN INTENTO DE FRENAR A PEMEX QUE SE QUERÍA HACER CON LA PETROLERA ESPAÑOLA DE LA MANO DE SACYR

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado imputar por cohecho al presidente de Repsol, Antoni Brufau,  en la causa que investiga el presunto espionaje al expresidente de Sacyr Luis del Rivero encargado al excomisario José Villarejo. Según fuentes jurídicas, esta iniciativa partió del propio Brufau que la comunicó a su principal accionista La Caixa.


Se trata de una pieza separada del caso Villarejo sobre si Repsol acudieó al excomisario para desarticular «una estrategia de sindicación» por parte de Del Rivero «para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)» de cara a conseguir «casi un tercio» de las acciones de Repsol y acceder a su control.

El magistrado entiende que «probablemente» en alguna de las conversaciones que Brufau mantuvo con el entonces presidente de La Caixa, Isidro Fainé, «acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses de ambos», aunque la iniciativa partió y fue gestionada por el propio Brufau, que fue el que ordenó la contratación del excomisario Villarejo.

El juez se refiere a «una especie de acta», un documento denominado «Charla», de una reunión celebrada en noviembre de 2011 en el domicilio en Galapagar (Madrid) de Rafael Redondo, socio de Villarejo, en la que habrían participado los también investigados Miguel Ángel Fernández Rancaño (exjefe de seguridad de CaixaBank) y y Rafael Araujo (exjefe de seguridad de Repsol), entre otros.

El relato de dicha reunión «avalaría -no que probaría- que, de manera al menos indiciaria, Fainé estaba al tanto de la investigación encomendada a Villarejo», señala el juez.

Fuentes próximas a Isidro Fainé señalan que, por respeto a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, solo va a hacer declaraciones en sede judicial.

El juez también ha acordado citar como investigados al ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; al ex director corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui; al ex director corporativo de gestión patrimonial, Joaquín Uris, y al ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.

En el auto, García Castellón sostiene que el que fuera director de seguridad de la petrolera Rafael Araujo comunicó a Suárez de Lezo que tenía el contacto de Villarejo, y le propuso la contratación de los servicios de Cenyt.

Del mismo modo, continúa el escrito, Araujo -según sus propias manifestaciones- «siempre» reportó al entonces secretario general de la multinacional española acerca de la información obtenida, «haciéndole entrega de los informes que recibía de Villarejo».

Araujo también habría informado a Joaquín Uris, al frente de la dirección corporativa de gestión patrimonial de Repsol, al igual que Juan Amunátegui, quien no solo habría recibido los informes de Cenyt sino que además validó una de las facturas emitidas -el 31 de mayo de 2012- por un importe de 45.000 euros.

Respecto a Antonio Massanell, el magistrado recalca que en la época de los hechos era el superior inmediato del exdirector de seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño (ya investigado).

Para el juez «resulta evidente» que fue el propio Massanell quien le informó de que iba a contactar con su homónimo en Repsol para tratar el «encargo», y se remite al testimonio de Fernández Rancaño, que dijo haber dado cuenta a Massanell sobre las reuniones con Cenyt, «acordando un primer pago y que los posteriores se hicieran según se fueran recibiendo informes».

Por último, el magistrado envía un recordatorio a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para que analice las agendas de Villarejo en lo referente a los servicios prestados para Repsol y CaixaBank.

Luis del Rivero, que declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, explicó que los hechos se remontan a un consejo de administración de Repsol de finales de septiembre de 2011, en el que Brufau y Fainé, fueron muy duros con él por su relación con Pemex, la petrolera mexicana que se quería hacer con el control de la española de la mano de Sacyr.

Poco después, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y hombre de máxima confianza de Villarejo Enrique García Castaño, alias «El Gordo», se habría puesto en contacto con el exjefe de seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez, para ofrecer los servicios de Cenyt, empresa del excomisario.

Otro encargo más de Repsol

Junto al denominado «proyecto Wine», desarrollado entre 2011 y 2012, consta que Repsol contrató posteriormente a Cenyt «de manera autónoma», esto es, sin la intervención de CaixaBank, en 2014.

Se trató de un encargo puntual, relacionado con la prueba de la asistencia a un evento deportivo de un consejero de Repsol, que se ausentó de una reunión de la comisión de la que formaba parte, programada para ese mismo día.

El informe del servicio de «compliance» de la petrolera sostiene que la iniciativa del encargo debió de partir de Suárez de Lezo, mientras que la decisión de encomendar el encargo a la empresa de Villarejo, de Araujo.

Por todo ello, Cenyt emitió a Repsol una factura por importe de 24.200 euros en concepto de «servicio de análisis de información y seguridad».