Lo que quiere Sánchez ‘amoldar’ en presión fiscal: Cataluña, la que más, Madrid, la que menos
Lo que quiere Sánchez ‘amoldar’ en presión fiscal: Cataluña, la que más, Madrid, la que menos
15 abril, 2021
EL GOBIERNO DE PSOE-PODEMOS ASPIRA A IMPLANTAR EN EL RESTO DE ESPAÑA LA MISMA PRESIÓN FISCAL QUE EN CATALUÑA, 46,9 PUNTOS MÁS QUE EN MADRID Y 34,5 MÁS QUE LA MEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal y Madrid la que menos, según el informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas. Condición necesaria para el desarrollo económico». La diferencia entre ambas es de 46,9 puntos y eso es lo que quiere amoldar Pedro Sánchez y su Gobierno de PSOE-Podemos: No armonizar a la baja, es decir, bajar los impuestos a los catalanes, sino al alza, es decir, subir los impuestos a los madrileños.
En la presentación del estudio, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha señalado que la crisis de la covid ha intensificado «los graves problemas» de la economía española, con un aumento del déficit publico y de la deuda, que requerirá «tomarse en serio su reducción», para lo que es necesario generar crecimiento económico y empleo, y ha rechazado aumentar los impuestos «en un momento tan delicado».
Ha agregado que aumentar la imposición en seis puntos, como sugiere el Gobierno, es «negativo», y que subir los impuestos no siempre tiene un efecto positivo, porque desincentiva la inversión, y ha abogado por hace aflorar la economía sumergida. Según el estudio de esta entidad privada, España no está por debajo de la media de presión fiscal de la Unión Europea, si se tiene en cuenta esa economía sumergida, que es «sustancialmente más elevada» que en la media de la UE.
RÁNKING DE LA PRESIÓN FISCAL EN ESPAÑA
España cuenta con una presión fiscal normativa en 2020 diez puntos superior a la media de la Unión Europea, 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE, precisa. Madrid obtendría una presión fiscal de 87,6 puntos, la más favorable, seguida de los distintos territorios del País Vasco, y el peor resultado se da en Cataluña, donde el índice se elevaría hasta los 134,5 puntos. Esto supone superar a Madrid en 46,9 puntos y a la media de la UE en 34,5. Además, los altos impuestos generan más economía sumergida. El índice de Madrid en este parámetro es de 16, frente al 23 de Cataluña.
Cualquier armonización de tributación entre comunidades autónomas debería hacerse a la baja, y no al alza
El informe destaca la importancia de la corresponsabilidad fiscal, y en su defecto, que cualquier armonización de tributación entre comunidades autónomas debería hacerse a la baja, y no al alza. Considera positivo dejar que los territorios puedan reducir los impuestos que cobran a sus contribuyentes, puesto que existe una correlación clara entre un sistema fiscal eficiente y competitivo, que evite distorsiones y con tipos reducidos, y un mayor crecimiento económico, lo que produce la paradoja de que territorios con impuestos más bajos consigan una mayor recaudación que aquellos otros que mantienen una tributación elevada. Pone como ejemplo Madrid, donde, a pesar de sus bonificaciones, se recauda por el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una cantidad similar a la de Cataluña, que la supera en habitantes y tipos impositivos, y ello debido a que el número de donaciones en Madrid se ha incrementado muy significativamente desde que se introdujeron las bonificaciones.
Mejor gestión, menos impuestos
El mismo informe recuerda que los impuestos afectan a las decisiones económicas de los contribuyentes, la ubicación de las empresas y la creación y mantenimiento del empleo, por lo que la competitividad depende, en gran medida, de la transparencia y eficiencia del sistema fiscal, ya que un territorio con menores costes tributarios será más atractivo para la inversión de las empresas y tenderá a experimentar un mayor crecimiento económico que aquellos con una presión fiscal mayor. Según el estudio, partiendo de unas competencias similares para las distintas comunidades es necesario respetar que los ciudadanos de cada territorio decidan qué bienes y servicios públicos desean, así como qué prestaciones y ayudas están dispuestos a sostener mediante sus impuestos. Favorece la eficiencia del gasto público que las comunidades mejor gestionadas puedan repercutir el menor coste en la prestación de servicios, exigiendo unos impuestos más reducidos, puesto que tienen menores necesidades de financiación.
