El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

21 mayo, 2021

LAS ACCIONES ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA SEVILLANA «HAN DESAPARECIDO», POR LO QUE «SU VALOR ACTUAL ES DE CERO EUROS» SIN QUE LA INVERSORA RECIBIESE «NINGÚN DIVIDENDO», POR LO QUE EL RESULTADO FUE UNA «PÉRDIDA PATRIMONIAL» DE 508.851,53 EUROS, SEGÚN LA DEMANDA

Un juzgado de Madrid ha condenado al Banco Santander a restituir a una empresa sevillana los más de 500.000 euros que perdió tras invertirlos, por recomendación de la propia entidad, en la ampliación de capital del Banco Popular, que le ofreció un folleto informativo con «falsedades».

En una sentencia fechada el 18 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid estima íntegramente la demanda interpuesta por la empresa y declara la nulidad del consentimiento «prestado por error» al contrato de adquisición de acciones del 20 de junio de 2016, por el que desembolsó 508.851,53 euros al Popular.

Este pago se divide entre 109.475,28 euros por derechos de suscripción preferente y 399.376,25 invertidos en acciones, según el acuerdo alcanzado el 1 de junio.

La jueza condena al banco a restituir a la empresa el importe total invertido más intereses, aunque la sentencia no es firme.

Las acciones adquiridas por la empresa sevillana «han desaparecido», por lo que «su valor actual es de cero euros» sin que la inversora recibiese «ningún dividendo», por lo que el resultado fue una «pérdida patrimonial» de 508.851,53 euros, según la demanda, elaborada por el letrado Javier Pichardo.

En su reclamación, la empresa indicaba que, por recomendación del personal del banco, adquirió 319.501 acciones del Popular en el marco de la ampliación de capital llevada a cabo por esta entidad en mayo y junio de 2016, descrita en el folleto informativo emitido al efecto, que detallaba un precio de emisión de 1,25 euros por acción.

El banco aseguró a la demandante que la inversión «tenía una rentabilidad asegurada».

Al hallarse en aquel momento pendiente de un crédito muy importante para la empresa, «poco menos se condicionó su concesión a la suscripción de acciones por un importe aproximado de 500.000 euros».

El dinero prestado por el propio banco se materializó a través de un préstamo a un año que la mercantil podría devolver con el producto obtenido con la venta de acciones.

La operación firmada el 1 de junio «se vendió a todas luces como ventajosa», ya que «a los pocos meses el banco se ocuparía de la venta de las acciones para liquidar el préstamo sin riesgo».

La «agresiva comercialización» se acompañó de una «agresiva campaña publicitaria» que intentaba trasladar la fortaleza del Popular, que presumía «de los beneficios que ello iba a reportar a los accionistas y los buenos resultados a obtener recuperando la inversión en dos o tres años».

El folleto informativo, sin embargo, «contenía incorrecciones, inexactitudes, falsedades y omisiones de datos relevantes destinados a crear una imagen de entidad solvente y saneada que en modo alguno se correspondía con la realidad», ya que «sobrevaloraba lo positivo y ocultaba o minusvaloraba lo negativo, pues los riesgos y pérdidas ya existían».

La presentación comercial y el folleto fueron los argumentos por los que la empresa «ponderó las bondades de la ampliación de capital», pero «la realidad era que el banco se encontraba en una situación de déficit de recursos propios», algo «que ocultó el folleto», en el que «de forma adulterada» obvió «los riesgos de liquidez, solvencia, de crédito y reputación».

Como acepta la sentencia basándose en la demanda, esas «incorrecciones» también fueron identificadas en la investigación del Jugado Central de Instrucción número 4, por el Defensor del Pueblo y por la sanción que el Ministerio de Economía impuso al responsable de la auditoría.

El mundo, más pendiente de dónde caerá ahora un cohete chino sin control que de la covid-19

El mundo, más pendiente de dónde caerá ahora un cohete chino sin control que de la covid-19

El mundo, más pendiente de dónde caerá ahora un cohete chino sin control que de la covid-19

07 mayo, 2021

LA PROBABILIDAD DE QUE CAIGA EN ESPAÑA HA AUMENTADO UN 50% EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS, PERO SIGUE SIENDO MUY BAJA, APUNTA EL CDTI

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El cohete chino Long March 5B viaja sin control a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora y en completar una vuelta a la Tierra tarda hora y media; la última previsión dice que entrará en la atmósfera a la 1:59 horas peninsular del domingo, con un margen de error no obstante de más menos 7 horas y 45 minutos. El gran problema es que no sé sabe en que lugar de la Tierra caerá y tiene en común con la covid-19, que ha asolado y asola el mundo, que ambos salieron de China.

«A medida que el cohete vaya perdiendo altura en su órbita elíptica -ahora en el punto más cercano a la Tierra está a 160 kilómetros- se podrá reducir esta incertidumbre», ha señalado a Efe Jorge Lomba, jefe del departamento de Espacio del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

Las estimaciones más certeras, por tanto, sólo se podrán hacer unas pocas horas antes del reingreso, recalca este experto, quien señala que, según los últimos cálculos a partir de observaciones y modelos matemáticos, los restos del cohete que podrían caer a la Tierra lo harían en algún punto de los paralelos 41.

Y con mayor probabilidad en el océano Atlántico, seguido del Pacífico y del Índico.

Es cierto, agrega, que en la zona que separa el paralelo 41 norte y sur se encuentra una parte de Europa y en concreto España, pero a día de hoy las posibilidades de que los restos caigan en superficie terrestre son muy bajas: «la probabilidad de que caiga en España ha aumentado un 50% en las últimas 12 horas, pero sigue siendo muy baja».

«Durante las 15 horas en las que podría producirse la entrada en la atmósfera terrestre, sobrevolaría territorio español durante menos de 3 minutos».

Tanto el Pentágono (Estados Unidos) como el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea (EUSST) están monitoreando el cohete chino que está fuera de control y ven poco probable que caigan restos del mismo en zonas pobladas de la Tierra.

El cohete (un Long March 5B), que fue utilizado la pasada semana por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial, tiene una masa estimada que oscila entre las 17 y las 21 toneladas y un tamaño de unos 30 metros, lo que lo convierte, en el pasado cercano, en uno de los mayores trozos de escombros que reentrarían en la atmósfera, de ahí su vigilancia continuada.

El EUSST está coordinado por el CDTI y tiene varios servicios en marcha, entre ellos el de vigilar objetos que vagan sin control y que podrían reentrar en la atmósfera terrestre. Esta vez, aunque la coordinación global del EUSST la lleva el organismo español, le ha tocado a Italia coordinar los datos respecto al cohete chino.

Para ello se nutre de mediciones de telescopios y diversos radares, entre ellos el de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), que ha estado enviando datos hasta ayer.

Aunque el radar esté en Sevilla, depende del Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, ubicado en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) y gestionado por el CDTI; Italia pide los datos al centro madrileño y este comanda el radar de Morón para que «apunte» donde se quiere que lo haga y recolecte datos, según Lomba.

Los radares europeos han podido observar el objeto chino entre 15 y 20 veces los últimos tres días y los datos últimos del radar español se enviaron ayer: ahora el cohete está en una órbita en la que no puede ser captado por este radar.

Según Lomba, el artefacto está vigilado en todo momento y por su tamaño la posibilidad de que algunos de sus restos entren en la atmósfera «no es despreciable».

No es la primera vez que una nave china está en el punto de mira de servicios de vigilancia de todo el mundo, incluido España.

En abril de 2018 el laboratorio orbital Tiangong 1, que estaba en desuso desde 2016 y que vagaba sin control por el espacio, reentró en la atmósfera terrestre sobre el océano Pacífico sur.

En aquella ocasión, donde los riesgos asociados también fueron pequeños, el CDTI fue el que coordinó en la UE su seguimiento.

Para ello utilizó datos de diferentes puntos europeos -radares, estaciones láseres y telescopios- que manejó el Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial de Torrejón de Ardoz.

En aquella ocasión, como en esta, se informó en tiempo real de la reentrada a los servicios de protección civil de toda Europa; se seguirán, por parte europea, actualizando las predicciones dos veces al día, tanto el viernes como el sábado.

Hoy desde China el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin aseguró que «la mayoría de los restos del cohete se desintegrarán y se destruirán durante su reentrada en la atmósfera; es altamente improbable que causen ningún daño a la Tierra».

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank: los salarios de la alta dirección de la banca española están ‘muy regulados’

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank: los salarios de la alta dirección de la banca española están ‘muy regulados’

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank: los salarios de la alta dirección de la banca española están ‘muy regulados’

06 mayo, 2021

PARA SER APROBADOS, DEFIENDE EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL BANCO, PASAN POR LA COMISIÓN DE REMUNERACIONES, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EVENTUALMENTE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR LO QUE EL MARCO NORMATIVO «ES ROBUSTO»

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrado este jueves «máximo respeto» a las opiniones de miembros de Gobierno sobre las remuneraciones de los directivos bancarios, y ha recordado que los salarios de la alta dirección de la banca española están «muy regulados».

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer trimestre, Gortázar se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la polémica en torno a los salarios de los directivos del sector bancario.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, pidió el pasado 21 de abril a los bancos «responsabilidad» para buscar todas las alternativas que minimicen el impacto negativo sobre el empleo de las fusiones, especialmente cuando se producen al tiempo que se pagan sueldos y bonus «inaceptables» a los directivos, dijo.

«Tenemos que ser deportivos y aceptar los comentarios sobre este asunto, como es lógico. Sí creo que es bueno recordar en este aspecto que es un asunto conocido, muy regulado, de los más regulados, afortunadamente para bien, desde la crisis de hace 12 años», ha dicho el directivo.

El primer ejecutivo de CaixaBank ha asegurado que se trata de un proceso «extraordinariamente reglamentado», ya que los salarios de la alta dirección del banco pasan por la comisión de remuneraciones, por el consejo de administración y eventualmente por la Junta General de Accionistas, por lo que el marco normativo «es robusto», ha dicho.

Los sindicatos de CaixaBank han pedido recientemente en cartas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, que «frenen» el ajuste de plantilla y voten en contra de los sueldos de la nueva cúpula en la próxima junta de accionistas.

Los sindicatos califican en la carta al ERE de «absolutamente abusivo» y denuncian que el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, tendrá una remuneración fija de 1,6 millones de euros, el triple de la que percibía como presidente de Bankia.

Las fuerzas sindicales piden por ello que en la próxima junta general de accionistas de CaixaBank, prevista para el 14 de mayo, el FROB, el segundo accionista más importante del banco, «vote en sentido contrario a las subidas salariales de los directivos».

Gortázar se ha limitado a apuntar en la rueda de prensa que las remuneraciones de los directivos son algo muy reglado, que se discute tanto en las comisión de remuneraciones del banco como en el consejo, cuyas deliberaciones son confidenciales, y que la última palabra la tienen los accionistas en una Junta.

Ha añadido que «respeta profundamente todas las opiniones» y ha comentado que esta regulación sobre las retribuciones no es «exclusiva de la banca ni tampoco exclusiva de España».

En cuanto a la participación del Estado a través del FROB en el capital de la nueva CaixaBank, Gortázar ha asegurado que la participación del FROB en Bankia valía unos 2.000 millones de euros antes de la fusión y que tras la integración se ha revalorizado 1.500 millones hasta 3.500 millones.

Gran rechazo al peaje en la red de carreteras que ultima el Gobierno

Gran rechazo al peaje en la red de carreteras que ultima el Gobierno

Gran rechazo al peaje en la red de carreteras que ultima el Gobierno

06 mayo, 2021

«SE QUIERE HACER PAGAR DE NUEVO POR ALGO QUE YA SE PAGA. HAY QUE RECORDAR QUE, ENTRE IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TASAS, LOS CONDUCTORES CONTRIBUYEN CON 30.000 MILLONES DE EUROS A LAS ARCAS DEL ESTADO», HA SOSTENIDO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL DEL RACE, ANTONIO LUCAS

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

La incorporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la posibilidad de implantar para 2024 un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado ha provocado la oposición en cadena tanto de los sectores afectados como de la oposición.

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha mostrado este jueves su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas.

«Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado», ha sostenido el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.

Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirma que las carreteras «deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado», no con un peaje que supone «un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica».

En un comunicado, la organización asegura que la medida terminará afectando a los usuarios con menos poder adquisitivo y quienes no viven en grandes núcleos urbanos.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado el «afán recaudatorio» de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios.

Por ello, pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.

Criticas de los partidos y de las comunidades autónomas

Las críticas también han llegado desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad del Govern de Cataluña, Damià Calvet, ha afirmado en Catalunya Ràdio que el Gobierno central «va tarde y mal», y ha apostado por aplicar «una etapa transitoria» de tarifa plana que derive en «una tarificación por uso y contaminación».

Por su parte, la conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, ha pedido este jueves al Gobierno central que dé «voz y voto» a las comunidades.

También desde Galicia, la patronal ha dejado clara su «absoluta oposición» a la iniciativa, que provocará, en su opinión, efectos «muy importantes en la economía de las familias».

Para el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la medida sería «muy perjudicial» para una comunidad que cuenta con 94.000 km2 y más de 30.000 kilómetros de carreteras.

Además, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha dicho que el nuevo sistema es «infamante» para el reto demográfico y que ellos no aplicarán ningún peaje para las carreteras sobre las que tienen competencias.

En la misma línea, el vicesecretario general del Partido Popular de Andalucía, Toni Martín, lo ha calificado de «un atraco fiscal sin precedentes».

En Murcia, el portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea, socio de gobierno del Partido Popular, denuncia «un nuevo asalto al bolsillo de las clases medias y un torpedo en la línea de flotación al sector del transporte regional», y acusa al Gobierno central de esconder la medida durante la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo, ha pedido que esta medida no afecte a los transportistas profesionales, recordando que «no puede se restrictivo y tiene que ser propositivo» y que la prioridad debería de ser ir contra el uso del vehículo privado allí donde es menos útil.

En el extremo contrario, el director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha mostrado partidario, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, del pago: «El que lo usa lo paga», ha enfatizado.

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de «el que contamina paga» y «el que usa paga».

Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024.

Una fecha que, la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del producto interior bruto (PIB) anteriores a la pandemia de la covid-19.

ERE del BBVA: los trabajadores califican de ‘insultante’ la propuesta de indemnizaciones

ERE del BBVA: los trabajadores califican de ‘insultante’ la propuesta de indemnizaciones

ERE del BBVA: los trabajadores califican de ‘insultante’ la propuesta de indemnizaciones

06 mayo, 2021

EL BANCO PLANTEA QUE LOS MAYORES DE 63 AÑOS RECIBAN UNA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS POR AÑO TRABAJADO, CON UN MÁXIMO DE 12 MESES, MIENTRAS QUE LOS DE 58 A 62 AÑOS, CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 15 AÑOS, RECIBIRÁN UNA RENTA TEMPORAL DEL 65 % DE SU SUELDO ANUAL HASTA LOS 63 AÑOS, DESCONTANDO LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El BBVA ha planteado este jueves a los sindicatos las condiciones de salida de los trabajadores que se vean afectados por el despido colectivo del banco, con indemnizaciones de hasta el 65 % del salario anual, e indigna a los sindicatos que consideran la propuesta «insultante».

El período formal de consultas ha empezado hoy y el BBVA ha entregado el Informe Técnico en el que basa su pretensión de despido colectivo con el que quiere reducir casi 3.500 empleos en España.

El banco plantea que los mayores de 63 años reciban una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses, mientras que los de 58 a 62 años, con una antigüedad mínima de 15 años, recibirán una renta temporal del 65 % de su sueldo anual hasta los 63 años, descontando la prestación por desempleo.

En el caso de los trabajadores de entre 56 y 57 años, también con una antigüedad de al menos 15 años, la renta que recibirán será del 60 % de sueldo anual, descontando también el paro.

Para el resto de la plantilla, el BBVA propone el pago de 27 días por año trabajado, hasta un máximo de 18 mensualidades.

CCOO considera en un comunicado que analizará con detalle el Informe Técnico y valorará las causas, pero avanza desde ya que la económica no se sustenta, vistos los resultados del BBVA en el primer trimestre de este año.

Por lo que se refiere a las condiciones económicas de salida, el sindicato las considera «absurdamente insuficientes», tanto por los tramos de edades como por los porcentajes de indemnización.

El sindicato mayoritario exige, una vez más, que la principal vía de salidas sean las prejubilaciones, con mejores condiciones y con un mayor y más amplio tramo de edades; basado en un escenario de total voluntariedad y sin medidas traumáticas.

CCOO afea que el banco tenga la «osadía» de hacer estas propuestas de indemnización tras publicar la remuneración «millonaria» de sus directivos, entre ellas la del presidente, Carlos Torres, de 4,09 millones, y la del consejero delegado, Onur Genç, de 3,43 millones.

Por todo ello, el próximo 10 de mayo, a las 18.00 horas, CCOO y el resto de los sindicatos invita a la «plantilla» a demostrar su indignación frente a las 15 principales sedes del banco, en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Valencia, Palma, Bilbao, Oviedo, La Coruña, Lugo, Ourense, Vigo y Sevilla.

Abanca aprueba la fusión con Bankoa

Abanca aprueba la fusión con Bankoa

Abanca aprueba la fusión con Bankoa

26 abril, 2021

EL BANCO GALLEGO DEL VENEZOLANO JUAN CARLOS ESCOTET TIENE PREVISTO NOMBRAR UN CONSEJO ASESOR, FORMADO POR PERSONALIDADES, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE PRESTIGIO EN EL PAÍS VASCO

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El consejo de administración de Abanca ha aprobado este lunes el proyecto de fusión con la entidad vasca Bankoa, que mantendrá la marca comercial para toda su operativa en el País Vasco, informa la entidad con sede en Galicia.

La fusión, que ha sido asimismo aprobada por el consejo de Bankoa, deberá ser ratificada por su Junta de accionistas y autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Con esta fusión se produce la integración jurídica de Bankoa en Abanca, que aspira a alcanzar las sinergias derivadas de su adquisición y contar con una estructura societaria simple y racional que agilice la gestión del grupo.

Dicha integración seguirá la línea de cercanía de Abanca con los territorios en los que opera, no solo manteniendo la marca comercial de Bankoa por su consolidada implantación en el territorio, sino que además Abanca tiene previsto nombrar un consejo asesor, formado por personalidades, empresarios y profesionales de prestigio en el País Vasco para asesorarla sobre la evolución de la economía vasca y la adaptación de sus estrategias a la economía e industria vascas.

Este consejo asesor comenzará su actividad una vez que la fusión sea efectiva y estará integrado inicialmente por los actuales consejeros externos no dominicales de Bankoa.

Adicionalmente está previsto que la actual sede de Bankoa se incorpore al conjunto de sedes en las que Abanca desarrolla su actividad, añade en un comunicado.