08 septiembre, 2021

Los microcréditos sin intereses avalados por el Estado para que los afectados por la crisis de la covid-19 pudieran pagar el alquiler de sus viviendas llegan a su fin este jueves, después de varias prórrogas aprobadas por el Gobierno y de casi año y medio de vigencia y con la sensanción de fracaso total. El exvicepresidente Pablo Iglesias anunció en marzo de 2020, cuando se aprobó la medida, que unas 500.000 familias podrían beneficiarse de ella, el Ejecutivo no ha ofrecido en este tiempo ningún dato que permita calibrar su aplicación real y la banca y afectados siempre han hablado de una escasa demanda e interés por esa financiación.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), encargado de aportar el aval de estos microcréditos, ha confirmado este miércoles a Efe que no se ha publicado orden ministerial alguna que prorrogue la ayuda.

Aunque el exvicepresidente Pablo Iglesias anunció en marzo de 2020, cuando se aprobó la medida, que unas 500.000 familias podrían beneficiarse de ella, el Ejecutivo no ha ofrecido en este tiempo ningún dato que permita calibrar su aplicación real.

Tampoco el sindicato de inquilinos ha hecho seguimiento de esta ayuda, con la que no estuvo de acuerdo, ya que defendía la suspensión del pago del alquiler a los afectados por el coronavirus.

Un par de meses después de su creación, fuentes financieras ya explicaron a Efe que la burocracia había retrasado tanto la puesta en marcha de las ayudas que la medida había ido perdiendo poco a poco interés, ya que cada día se cerraban acuerdos privados de forma voluntaria entre inquilinos y dueños de las viviendas.

Estos préstamos de hasta 5.400 euros, vigentes desde el 1 de abril de 2020, se dirigían a inquilinos que se hubieran quedado en el paro y hubieran sido incluidos en un ERTE.

También podían solicitarlo quienes hubieran visto reducidos sus ingresos a menos de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM (unos 1.600 euros), con variables por hijos, mayores de 65 años y dependientes a cargo, siempre que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, fuera superior o igual al 35 % de los ingresos netos de la unidad familiar.

Los beneficiarios debían ser familias con mensualidades de alquiler de hasta 900 euros, que tendrán seis años para devolver el crédito, ampliables a otros cuatro.

Aunque el pasado 9 de agosto terminó el plazo para solicitarlos, las entidades financieras -que hablan de poca demanda- han tenido hasta este jueves, 9 de septiembre, para formalizarlos.

06 septiembre, 2021

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera que los buenos datos de empleo permiten plantear la recuperación de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), si bien ha dicho que la subida para lo que queda de 2021 ha de ser relativamente limitada.

«Nos estamos planteando un aumento relativamente limitado y vamos a ver si los agentes sociales llegan a un acuerdo sobre esta cuestión para que podamos cuanto antes abordar esa subida para 2021», ha dicho la vicepresidenta en declaraciones a TVE horas antes de la nueva reunión que este lunes mantendrá el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

«Tenemos que movernos en los parámetros del consejo consultivo, pero con margen», ha afirmado en referencia a la horquilla de entre 12 y 19 euros recomendada por los expertos.

«La idea es que lleguemos a una posición clara y tomemos esa decisión en el curso de septiembre para que ese aumento pueda aplicarse en octubre, noviembre y diciembre de este año», ha asegurado.

06 septiembre, 2021

DE LOS CUATRO BANCOS ESPAÑOLES ESTUDIADOS, SANTANDER (0,8 %) Y BBVA (1,5 %) SE SITÚAN EN LA PARTE BAJA DE LA TABLA, MIENTRAS QUE BANCO SABADELL Y BANKIA BFA NO DECLARARON GANANCIA ALGUNA EN PARAÍSOS FISCALES

Según un estudio del centro EU TAX Observatory que será publicado el miércoles y al que tuvo acceso Efe, algunos grandes bancos llegan a contabilizar más de un 50 % de sus beneficios en estas jurisdicciones pese a que de media solo representan un 4 % de los trabajadores, lo que sugiere que están trasladando las ganancias desde dónde realmente se realizan hasta países con impuestos más bajos para aligerar su factura fiscal.

Los autores, que han analizado la presencia de las 36 grandes entidades financieras europeas en paraísos fiscales entre 2014 y 2020, señalan que esta apenas ha variado en los siete años pese a que la Unión Europea obliga desde 2015 a los grandes bancos a proporcionar su información tributaria en cada país precisamente para evitar estas prácticas.

Por ello, abogan por introducir un tipo mínimo de impuesto de sociedades a nivel global como el acordado en julio por 130 países de la OCDE para hacer menos atractivo el uso de estos paraísos fiscales. Calculan que fijándolo en el 15 % pactado estos bancos tendrían que abonar entre 3.000 y 5.000 millones de euros más en impuestos cada año.

PRESENCIA EN PARAÍSOS FISCALES

De los cuatro bancos españoles estudiados, Santander (0,8 %) y BBVA (1,5 %) se sitúan en la parte baja de la tabla, mientras que Banco Sabadell y Bankia BFA no declararon ganancia alguna en paraísos fiscales, entre los que el informe incluye a Panamá, Gibraltar, Hong Kong o Bahamas y a socios comunitarios como Irlanda, Luxemburgo y Malta.

«Los beneficios declarados por los bancos en paraísos fiscales son anormalmente altos: de 238.000 euros por empleado, frente a 65.000 euros en países que no son paraísos», apuntan los autores, para quienes «esto sugiere que los beneficios registrados en paraísos fiscales son fundamentalmente trasladados desde otros países dónde ocurre la producción de servicios».

Como ejemplos citan a HSBC, que declara un 60 % de sus beneficios en Hong Kong pese a que solo tiene allí al 15 % de sus empleados, o a Deutsche Bank, que registra un 22 % en Luxemburgo, dónde no llega al 1 % de los trabajadores, y un 34 % en Alemania, dónde tiene a más del 50 % de su fuerza laboral.

IMPUESTOS MUY BAJOS

Panamá, Bermudas o las Islas Vírgenes británicas aplican incluso un tipo «cero», mientras que en Irlanda no llega al 10 % y en Luxemburgo, el más alto, se sitúa en el 15 %.

De media, los bancos analizados acaban tributando a un tipo efectivo del 20 %, aunque en algunos casos (Monte dei Paschi, RBS, Barclays, Bayern LB y Nord LB) ni siquiera llega al 15 %, según el informe del Observatorio creado este año a iniciativa de la UE para investigar sobre evasión fiscal y asesorar a las instituciones.

TIPO MÍNIMO GLOBAL

La cantidad se duplicaría si el tipo se fija al 21 %, hasta entre 6.000 y 9.000 millones, y se triplicaría si se lleva al 25 %, a entre 10.000 y 13.000 millones adicionales.

Los bancos españoles pagan tasas efectivas por encima de la media europea (20,9 % Santander, 24,3 % Bankia BFA y 27,6 % BBVA) con la excepción del Banco Sabadell, que abona un 15,6 %; y entre 2014 y 2020 pagaron 4.837 millones de euros en impuestos de media anual.

De haberse aplicado un tipo mínimo del 15 %, habrían tenido que tributar por unos 2.867 millones de euros más en ese periodo, o unos 478 millones de euros adicionales cada año, según los datos recopilados por el Observatorio.

La mayor parte de ese déficit (2.112 millones) correspondería a tasas por los beneficios registrados en paraísos fiscales.

Y, por bancos, al Santander, que habría tenido que abonar 2.419 millones de euros más en impuestos en estos siete años, en tanto que la factura para BBVA habría sido de casi 240 millones, para el Sabadell de 208 millones y para Bankia de 700.000 euros.

03 septiembre, 2021

Los grupos socialista y de Unidas Podemos han registrado en el Congreso una solicitud para crear una comisión de estudio sobre el precio de la luz, que lleva semanas batiendo récords, y la mejora del sistema eléctrico. Eso sí, se dan seis mes de plazo para ello, mientras la factura eléctrica ahoga a familias y empresas por su alto coste en una situación muy injusta con un bien básico como es la electricidad. Mientras los miembros de la comisión recibirán un extra en sus ya abultadas nóminas durante esos meses de estudio. Un diputado cobra entre 54.584 y 68.642 euros anuales sin sumar complementos, porque sumándolos supera fácilmente los 100.000 euros anuales. Las comisiones, como esta que se va a crear para el estudio del mercado eléctrico, incluyen bonificaciones extraordinarias para sus miembros destacados que van desde los 704 euros para los portavoces adjuntos y los secretarios de la Mesa a los 1.050 euros extra de los portavoces de comisión y vicepresidente de la comisión y los 1.445 del presidente, que será del PSOE o de Unidas Podemos.

Esta nueva comisión es una propuesta conjunta de los dos socios de gobierno, que llega después de que ayer Unidas Podemos, por iniciativa propia y sin contar con el PSOE, registrara una proposición de ley en el Congreso para pedir la creación de una empresa pública de energía, como, según su portavoz, Pablo Echenique, existen en Europa, y establecer un precio fijo al megavatio nuclear y uno máximo al megavatio hidroeléctrico.

La puesta en marcha de esta empresa, que reclama Podemos y asumiría las concesiones hidroeléctricas que se vayan extinguiendo, es una iniciativa que el Ejecutivo también ha manifestado estar abierto a estudiar, aunque en el corto plazo las medidas que propone se limitarán a la fiscalidad.

La nueva propuesta que llega al Congreso y sí lleva las firmas de los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pide una comisión no permanente, aunque con plazo de actuación de seis meses, y pretende buscar soluciones a las tensiones del mercado eléctrico que están provocando estos incrementos de la electricidad, con «consecuencias negativas y graves sobre una parte muy significativa de la población y del tejido económico».

El problema fundamental, señalan, es que estos precios tan altos «ponen en situación de estrés las economías de las familias y las pequeñas empresas», insisten.

Además, señalan, la aprobación este año de la ley de Cambio Climático y Transición Energética y los nuevos paquetes legislativos de la UE («Fit for 55») hacen necesario revisar el mercado energético «y un estudio en profundidad» del sector eléctrico.

El objeto de la comisión será el estudio de las causas y consecuencias de la evolución de los precios de la electricidad, especialmente en los últimos meses y plantear propuestas para diseñar un sistema eléctrico «que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía». Hoy Bank of America lo ha dejado muy claro: El problema de los altos precios de la energía en España es su alta dependencia de las renovables y del gas.

La Mesa del Congreso calificó, además, el miércoles una iniciativa de Más País para promover una comisión de investigación sobre el alza del recibo de la luz, que negociaron después para darle forma de comisión de estudio y que contaba con el visto bueno de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

03  septiembre, 2021

La agencia de medición de riesgo Fitch mantiene la calificación crediticia de Banco Sabadell en BBB-, nota equivalente a un aprobado bajo, y lo sitúa en perspectiva estable.

Fitch justifica esta calificación por la mejora de las expectativas económicas en España y en especial en el Reino Unido, los dos principales mercados donde opera este banco.

Esta agencia también cree que el nuevo plan estratégico del banco puede contribuir a mejorar la flexibilidad financiera de la entidad en caso de mayores riesgos de calidad de activos.