El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

21 mayo, 2021

LAS ACCIONES ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA SEVILLANA «HAN DESAPARECIDO», POR LO QUE «SU VALOR ACTUAL ES DE CERO EUROS» SIN QUE LA INVERSORA RECIBIESE «NINGÚN DIVIDENDO», POR LO QUE EL RESULTADO FUE UNA «PÉRDIDA PATRIMONIAL» DE 508.851,53 EUROS, SEGÚN LA DEMANDA

Un juzgado de Madrid ha condenado al Banco Santander a restituir a una empresa sevillana los más de 500.000 euros que perdió tras invertirlos, por recomendación de la propia entidad, en la ampliación de capital del Banco Popular, que le ofreció un folleto informativo con «falsedades».

En una sentencia fechada el 18 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid estima íntegramente la demanda interpuesta por la empresa y declara la nulidad del consentimiento «prestado por error» al contrato de adquisición de acciones del 20 de junio de 2016, por el que desembolsó 508.851,53 euros al Popular.

Este pago se divide entre 109.475,28 euros por derechos de suscripción preferente y 399.376,25 invertidos en acciones, según el acuerdo alcanzado el 1 de junio.

La jueza condena al banco a restituir a la empresa el importe total invertido más intereses, aunque la sentencia no es firme.

Las acciones adquiridas por la empresa sevillana «han desaparecido», por lo que «su valor actual es de cero euros» sin que la inversora recibiese «ningún dividendo», por lo que el resultado fue una «pérdida patrimonial» de 508.851,53 euros, según la demanda, elaborada por el letrado Javier Pichardo.

En su reclamación, la empresa indicaba que, por recomendación del personal del banco, adquirió 319.501 acciones del Popular en el marco de la ampliación de capital llevada a cabo por esta entidad en mayo y junio de 2016, descrita en el folleto informativo emitido al efecto, que detallaba un precio de emisión de 1,25 euros por acción.

El banco aseguró a la demandante que la inversión «tenía una rentabilidad asegurada».

Al hallarse en aquel momento pendiente de un crédito muy importante para la empresa, «poco menos se condicionó su concesión a la suscripción de acciones por un importe aproximado de 500.000 euros».

El dinero prestado por el propio banco se materializó a través de un préstamo a un año que la mercantil podría devolver con el producto obtenido con la venta de acciones.

La operación firmada el 1 de junio «se vendió a todas luces como ventajosa», ya que «a los pocos meses el banco se ocuparía de la venta de las acciones para liquidar el préstamo sin riesgo».

La «agresiva comercialización» se acompañó de una «agresiva campaña publicitaria» que intentaba trasladar la fortaleza del Popular, que presumía «de los beneficios que ello iba a reportar a los accionistas y los buenos resultados a obtener recuperando la inversión en dos o tres años».

El folleto informativo, sin embargo, «contenía incorrecciones, inexactitudes, falsedades y omisiones de datos relevantes destinados a crear una imagen de entidad solvente y saneada que en modo alguno se correspondía con la realidad», ya que «sobrevaloraba lo positivo y ocultaba o minusvaloraba lo negativo, pues los riesgos y pérdidas ya existían».

La presentación comercial y el folleto fueron los argumentos por los que la empresa «ponderó las bondades de la ampliación de capital», pero «la realidad era que el banco se encontraba en una situación de déficit de recursos propios», algo «que ocultó el folleto», en el que «de forma adulterada» obvió «los riesgos de liquidez, solvencia, de crédito y reputación».

Como acepta la sentencia basándose en la demanda, esas «incorrecciones» también fueron identificadas en la investigación del Jugado Central de Instrucción número 4, por el Defensor del Pueblo y por la sanción que el Ministerio de Economía impuso al responsable de la auditoría.

La Justicia de Aragón anula 8 meses después la limitación impuesta a la hostelería

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21 mayo, 2021

LA ORDEN ESTABLECÍA LIMITACIONES TANTO A LAS CELEBRACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO O FAMILIAR (BAUTIZOS, COMUNIONES, BODAS O FUNERALES) Y EXCLUÍA LOS ENCUENTROS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, PROFESIONAL, ECONÓMICO O CULTURAL PROMOVIDA POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado la limitación impuesta el pasado mes de septiembre por el Gobierno aragonés a la hostelería, que impedía a los empresarios del sector superar el número de cincuenta personas en los espacios cerrados y el de cien en los lugares al aire libre. El problema es que esto ocurrió en septiembre de 2020, es decir, hace 8 meses, y el daño ha muchos negocios ya está hecho y no parece que el Gobierno de Javier Lamban (PSOE) esté dispuesto a resarcirlo.
En su resolución, informa el TSJA, la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal aragonés estima el recurso interpuesto por la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón y acuerda la suspensión de la orden que dictó el 9 de septiembre la Consejería de Sanidad.

La orden establecía limitaciones tanto a las celebraciones en el ámbito privado o familiar (bautizos, comuniones, bodas o funerales) y excluía los encuentros de carácter institucional, profesional, económico o cultural promovida por entidades públicas o privadas.

Argumenta el tribunal en su sentencia que la mencionada orden fue dictada en un periodo en el que, como en la actualidad, no estaba en vigor el estado de alarma, y restringió el derecho fundamental de reunión «sin amparo normativo alguno».

Los magistrados destacan, asimismo, que no debe confundirse la posibilidad de restringir o de limitar actividades económicas o empresariales con la suspensión de un derecho fundamental recogido por la Constitución.

La razón, subrayan, es que este tipo de actividades pueden restringirse por motivos «graves» de lucha contra la pandemia, «con la debida justificación y proporcionalidad», pero advierten de que no se puede limitarse un derecho fundamental.

A juicio del tribunal, «la única limitación al derecho de reunión que permite el estado de alarma viene dada por la imposibilidad de circular en determinados lugar o momentos, siendo el de circulación instrumento del de reunión, pero no hay ninguna limitación directa del derecho de reunión».

El TSJA, tras fundamentar su decisión, asegura «echar en falta» una completa normativa de rango orgánico y estatal en la que fundar esta limitación, y subraya que la orden anulada, al configurarse como una disposición general, debería haber cumplido diversos trámites previos para su aprobación.

Los magistrados se remiten a sentencias dictadas este mismo mes por otros tribunales de justicia del país, y argumentan que la orden del Gobierno aragonés no regula de forma pormenorizada las restricciones del referido derecho fundamental ni se han previsto garantías frente a la recopilación de datos personales que autoriza a fin de evitar el abuso.

Consideran que la norma dictada «no es apta como para poder limitar genéricamente los derechos fundamentales de circulación, reunión, culto, etc, de todos los ciudadanos, aunque no tengan la más mínima relación con el virus, como ha ocurrido en este caso».

Dicha normativa, añade la resolución, «no justifica la restricción, a todos y cada uno de los eventos que menciona y otros similares, del número de personas asistentes, en cuanto es una limitación al derecho de reunión».

Una limitación, subraya a renglón seguido la sentencia, que «no está prevista en dicha ley para toda la población, sino sólo, en su caso, para el supuesto en que hubiese enfermos o contactos de los enfermos, lo que exige, además, una resolución o decisión concreta y ‘ad hoc’, no pudiendo sustituirse por una norma reglamentaria general».

El tribunal reprocha, además, a la Administración aragonesa, a la que le impone el pago de las tasas judiciales, la ausencia en el expediente de un informe de su Dirección General de Servicios Jurídicos que, en este caso, es especialmente relevante en la medida que establece limitaciones a derechos fundamentales.

Alude el TSJA, además, al hecho de que el informe de la Dirección General de Salud Pública no sólo no hace referencia a informes sanitarios ni contiene valoraciones económicas, sino que «no da la más mínima justificación sobre por qué se trata diferente a las reuniones privadas y públicas, como ya apreciamos en el auto de medidas cautelares, conteniendo unas apreciaciones genéricas razonables pero que no son suficientes como para limitar un derecho fundamental».

El fondo de renovables será un lastre a la competitividad industrial española, según el sector del gas

El fondo de renovables será un lastre a la competitividad industrial española, según el sector del gas

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21 mayo, 2021

GASINDUSTRIAL DENUNCIA QUE NINGÚN OTRO PAÍS EUROPEO PENALIZA ASÍ A SU TEJIDO INDUSTRIAL, LO QUE PROVOCARÁ QUE SE AMPLÍE LA DESVENTAJA COMPETITIVA CON EL RESTO DE TERRITORIOS Y AUMENTE EL RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS ESPAÑOLAS HACIA OTROS MERCADOS MÁS COMPETITIVOS

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que quiere poner en marcha el Gobierno para sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las renovables, supondrá un coste acumulado total para el sector gasista de 3.000 millones de euros, según GasIndustrial, patronal que denuncia que tendrá el efecto opuesto al buscado y lastrará a la industria española.

Según un comunicado difundido este viernes por la asociación que agrupa al sector, la aportación del sector aumentará progresivamente hasta superar los 1.000 millones en 2025, sumando en los cinco años más de 3.000 millones de euros, una situación que penalizará especialmente al consumo industrial (60 % del total) con unos 1.800 millones.

Por ello, critican que el proyecto del Gobierno, que pretendía evitar subidas del precio de la luz, impulsar la descarbonización y aportar certidumbre para atraer inversiones, tendrá el efecto opuesto, suponiendo un lastre a la competitividad industrial española.

Además, denuncian que ningún otro país europeo penaliza así a su tejido industrial, lo que provocará que se amplíe la desventaja competitiva con el resto de territorios y aumente el riesgo de deslocalización de las fábricas españolas hacia otros mercados más competitivos.

En este sentido, critican que no se especifique la cantidad a compensar (entre el 0 y el 85 %), y recuerdan que Bruselas no aprueba las compensaciones, por lo que probablemente se vean reducidas y crezca aún más el nivel de incertidumbre.

Sobre los costes energéticos, y para conseguir que la producción no se traslade a otros países, GasIndustrial pide que los costes se equiparen a homólogos europeos como Francia, Alemania e Italia y que se evite así que España se convierta en un «desierto industrial».

Por último, denuncian que el periodo de transición de cinco años para sustituir el uso del gas en la industria es insuficiente, ya que los desarrollos tecnológicos necesitarán de un tiempo mayor.

Sánchez anuncia que España se abre al Reino Unido ‘sin controles sanitarios’, pero Reino Unido no abre España

Sánchez anuncia que España se abre al Reino Unido ‘sin controles sanitarios’, pero Reino Unido no abre España

Sánchez anuncia que España se abre al Reino Unido ‘sin controles sanitarios’, pero Reino Unido no abre España

21 mayo, 2021

SOBRE EL CALENDARIO DE APERTURA, EL JEFE DEL EJECUTIVO SE HA REFERIDO A LA ORDEN MINISTERIAL PUBLICADA ESTE VIERNES EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE), POR LA QUE SE PERMITIRÁ LA ENTRADA DE VIAJEROS DE PAÍSES SEGUROS NO COMUNITARIOS A PARTIR DEL 24 DE MAYO. EL TEXTO RECOGE DIEZ PAÍSES: REINO UNIDO, JAPÓN, CHINA, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, SINGAPUR, ISRAEL, COREA DEL SUR, TAILANDIA Y RUANDA

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes, a falta de un mes para el inicio del verano, la apertura de las fronteras españolas para los ciudadanos de los principales países emisores de turistas, entre ellos los más importantes, los británicos, que podrán visitar España desde el lunes sin controles sanitarios. Lo único que ocurre es Reino Unido tiene a España en su lista negra de países para viajar y, por ahora, no da permiso para que los ciudadanos de ese país vengan de turismo.

Además, a partir del 7 de junio, todos los viajeros procedentes de países con los que no haya libertad de movimientos podrán entrar en territorio español siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por su sigla en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo ha explicado Sánchez, desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), en la que ha presentado el Certificado Verde Digital, un documento en formato papel o digital con validez en toda la Unión Europea que entrará en vigor el 1 de julio y con el que se busca agilizar los viajes entre países de la región y, por tanto, dinamizar el turismo.

ESPAÑA «SE ABRE AL MUNDO»

Sobre el calendario de apertura, el jefe del Ejecutivo se ha referido a la orden ministerial publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se permitirá la entrada de viajeros de países seguros no comunitarios a partir del 24 de mayo.

El texto recoge diez países: Reino Unido, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda.

«Todos ellos pasan a estar en la lista de países seguros y, por lo tanto, van a poder entrar en nuestro país y no van a tener que afrontar controles sanitarios a su llegada», ha aclarado Sánchez, quien ha subrayado que los turistas británicos podrán por tanto viajar ya sin restricciones. Incluso, lo ha dicho también en inglés, para dar mayor proyección a su mensaje.

Se trata de una buena noticia para el sector turístico ya que el Reino Unido fue el principal país emisor de turistas en 2019, con 18 millones de ciudadanos visitando España en ese último año de normalidad prepandémica.

Sin embargo, no todo es felicidad. Reino Unido mantiene a España entre los destinos turísticos a los que no recomienda viajar y, por tanto, obliga al regreso de los turistas a guardar cuarentena. A lo que más aspira España, que aún no lo ha conseguido, es a la territorialización, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Esto no es otra cosas que convencer a los británicos que dividan a España entre territorios entre los que se puede y no se pude viajar. La minsitra se decanta por la Comunidad Valenciana, las islas Baleares, curiosamente las dos gobernadas por los socialistas, y Canarias, donde cuenta con el apoyo de Coalición Canaria, que están ahora, según la responsable de Turismo en una situación en verde.

Pese a todo ello, mientras hay países que recomiendan no venir a España, Sánchez insiste: «desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas, con independencia de su lugar de origen». Ello abre también las puertas a los viajeros de EE. UU, país del que procedieron más de 3 millones de turistas en 2019.

«Desde España, desde Madrid, nos abrimos al mundo», ha celebrado la Ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto. Otra cosa será que el mundo se abra a España.

CERTIFICADO UE-COVID

Durante su intervención, Sánchez ha presentado también el nuevo certificado UE-COVID, que será «gratuito y universal», y permitirá acreditar que una persona ha sido vacunada contra la covid-19, ha resultado negativa en una prueba diagnóstica o ha superado la enfermedad.

Funcionará «de forma muy sencilla», por medio de un código QR emitido, en el caso español, por Sanidad o a través de las comunidades autónomas, y evitará al pasajero «comprobaciones complejas a la llegada».

En cualquier caso, el certificado, con el que se logrará la movilidad en el ámbito de la Unión Europea «este mismo verano», no es «un pasaporte» ni un «requisito para viajar», sino «un instrumento para facilitar la movilidad, la llegada y el tránsito de viajeros».

El Certificado Verde Digital garantiza la protección de datos y privacidad del usuario, que al presentar el código QR evitará ser incluido entre los viajeros sometidos a controles adicionales.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha calificado de «hito» el acuerdo alcanzado por la Unión Europea, que el jueves dio luz verde al proyecto por el que los Estados miembros se comprometen a evitar restricciones adicionales como cuarentenas, a no ser que sean necesarias y proporcionadas.

AMPLIACIÓN DEL CERTIFICADO A TERCEROS PAÍSES

Siempre en esta línea, ha anunciado Sánchez, España ya trabaja junto a la Comisión Europea para ampliar el certificado a terceros países.

Un «intenso» trabajo alabado por Darias, que ha dicho que la fase de implantación de la herramienta se encuentra «muy avanzada», y que ampliarán la colaboración con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el gestor aeroportuario, AENA, y Puertos del Estado.

En opinión de la ministra, el certificado «pone de manifiesto la fortaleza del proyecto europeo y la excelente colaboración del Sistema Nacional de Salud», que permitirá que «en poco menos de un mes millones de españoles puedan desplazarse por todo el territorio con este certificado, y también toda la ciudadanía europea».

UN 2021 DE RECUPERACIÓN

Con esta apertura de fronteras anunciada precisamente en Fitur, la primera gran feria internacional que recupera la presencialidad, el Gobierno prevé que este verano vengan a España «un 30 % o 40 % de los turistas internacionales que llegaban antes, entre 8,5 y 10 millones de visitantes».

«A cierre de 2021 esperamos que se hayan recuperado entre el 60 % y el 70 % de las visitas foráneas», ha advertido Sánchez, que confía en que este verano sea «el de la recuperación de la crisis».

La UE no ha renovado ‘de momento’ su contrato con AstraZeneca en junio

La UE no ha renovado ‘de momento’ su contrato con AstraZeneca en junio

La UE no ha renovado ‘de momento’ su contrato con AstraZeneca en junio

10 mayo, 2021

LA COMISIÓN EUROPEA ANUNCIÓ A FINALES DE ABRIL EL INICIO DE PROCEDIMIENTOS LEGALES CONTRA ASTRAZENECA POR INCUMPLIR SU CONTRATO DE SUMINISTRO

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

La Unión Europea (UE) no ha renovado «de momento» el contrato con AstraZeneca para el suministro de vacunas contra la covid-19 tras los incumplimientos del contrato por parte de la compañía, aseguró este domingo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

El contrato actual se extiende hasta finales de junio y «no hemos renovado el pedido después de junio. Veremos qué pasa», dijo Breton en una entrevista televisiva en FranceInfo, en la que precisó que esta decisión ha sido tomada «de momento».

El comisario francés aseguró que los incumplimientos de AstraZeneca son «esencialmente» la causa por la que la UE tuvo un inicio más lento de su vacunación en los primeros meses del año, ya que ese laboratorio dio preferencia a los envíos a otros países, como Reino Unido o Israel.

Bretón afirmó que está «absolutamente seguro» de que esos problemas de aprovisionamiento se han terminado y que la UE terminará el año con una capacidad de producir «más de 3.000 millones de vacunas al año».

Gracias a ese aumento de la producción, recalcó que la UE podría tener vacunada al 70 % de su población para mediados de julio.

La Comisión Europea anunció a finales de abril el inicio de procedimientos legales contra AstraZeneca por incumplir su contrato de suministro.

Según Bruselas, el laboratorio anglosueco solo entregó a la UE 29,8 millones de dosis en el primer trimestre del año, con otros 70 millones previstos para el segundo, frente a los 400 millones previstos en el contrato para los seis primeros meses de 2021.

Breton añadió que los 1.800 millones de dosis adicionales que la UE ha contratado con Pfizer para su entrega entre 2021 y 2023 podrían costar más de lo previsto, aunque evitó dar detalles concretos.

«Puede que haya un costo adicional, pero dejaré que las autoridades competentes lo detallen en su momento», indicó.

Francia comenzará su próxima etapa del desconfinamiento el próximo día 19, con la reapertura de museos, teatros y otros centros culturales, así como de las terrazas de restaurantes y bares.

Breton reconoció que hay un «gigantesco» deseo por parte de la población «de socializar, salir, tocarse y viajar», pero recordó que habrá que seguir manteniendo medidas de precaución (como mascarillas o distancia social) durante un tiempo.

Aena pierde en el Supremo y las tiendas de los aeropuertos pasan a considerarse concesiones

Aena pierde en el Supremo y las tiendas de los aeropuertos pasan a considerarse concesiones

Aena pierde en el Supremo y las tiendas de los aeropuertos pasan a considerarse concesiones

10 mayo, 2021

NO SE TRATA DE CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AEROPORTUARIO QUE DEBAN MUTAR A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMO SOSTENÍA AENA ALUDIENDO AL DECRETO LEY DE 2010 DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FISCAL, LABORAL Y LIBERALIZADORAS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El Tribunal Supremo ha considerado en una sentencia que las tiendas de los aeropuertos son concesiones y no alquileres, entre otras razones porque estos comercios abonan una renta mínima garantizada anual, independientemente de los resultados de la actividad desarrollada.

En una sentencia fechada el pasado 8 de marzo adelantada por el diario Expansión, la sala de lo contencioso ha desestimado el recurso presentado por el gestor aeroportuario contra una resolución de la Audiencia Nacional.

El Supremo se remite a la directiva europea de concesión de servicios, que indica que «en el sector aeroportuario, estas actividades incluyen también servicios que se ofrecen a los pasajeros para contribuir al buen funcionamiento de las instalaciones y que se consideran normales en un aeropuerto eficaz y moderno, como comercios, servicios de restauración pública y aparcamientos».

Las tiendas de los aeropuertos, añade el Supremo, entran de lleno en la categoría de concesiones, un contrato a título oneroso celebrado por escrito en el que se confía la prestación y la gestión de servicios a uno o más operadores económicos.

Esto implica «la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios», ya que este asume un riesgo operacional «cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído».

No se trata de concesiones sobre bienes de dominio público aeroportuario que deban mutar a contratos de arrendamiento, como sostenía Aena aludiendo al decreto ley de 2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Por el contrario, indica el Supremo, las tiendas, comercios y restaurantes de los aeropuertos están sujetos a un proceso de contratación efectuado en 2017, mediante licitación pública tras una resolución del Tribunal Administrativo Central.