PSOE y Unidas Podemos se dan seis meses para estudiar los récords en el precio de la luz

PSOE y Unidas Podemos se dan seis meses para estudiar los récords en el precio de la luz

PSOE y Unidas Podemos se dan seis meses para estudiar los récords en el precio de la luz

Los grupos socialista y de Unidas Podemos han registrado en el Congreso una solicitud para crear una comisión de estudio sobre el precio de la luz, que lleva semanas batiendo récords, y la mejora del sistema eléctrico. Eso sí, se dan seis mes de plazo para ello, mientras la factura eléctrica ahoga a familias y empresas por su alto coste en una situación muy injusta con un bien básico como es la electricidad. Mientras los miembros de la comisión recibirán un extra en sus ya abultadas nóminas durante esos meses de estudio. Un diputado cobra entre 54.584 y 68.642 euros anuales sin sumar complementos, porque sumándolos supera fácilmente los 100.000 euros anuales. Las comisiones, como esta que se va a crear para el estudio del mercado eléctrico, incluyen bonificaciones extraordinarias para sus miembros destacados que van desde los 704 euros para los portavoces adjuntos y los secretarios de la Mesa a los 1.050 euros extra de los portavoces de comisión y vicepresidente de la comisión y los 1.445 del presidente, que será del PSOE o de Unidas Podemos.

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

Esta nueva comisión es una propuesta conjunta de los dos socios de gobierno, que llega después de que ayer Unidas Podemos, por iniciativa propia y sin contar con el PSOE, registrara una proposición de ley en el Congreso para pedir la creación de una empresa pública de energía, como, según su portavoz, Pablo Echenique, existen en Europa, y establecer un precio fijo al megavatio nuclear y uno máximo al megavatio hidroeléctrico.

La puesta en marcha de esta empresa, que reclama Podemos y asumiría las concesiones hidroeléctricas que se vayan extinguiendo, es una iniciativa que el Ejecutivo también ha manifestado estar abierto a estudiar, aunque en el corto plazo las medidas que propone se limitarán a la fiscalidad.

La nueva propuesta que llega al Congreso y sí lleva las firmas de los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pide una comisión no permanente, aunque con plazo de actuación de seis meses, y pretende buscar soluciones a las tensiones del mercado eléctrico que están provocando estos incrementos de la electricidad, con «consecuencias negativas y graves sobre una parte muy significativa de la población y del tejido económico».

El problema fundamental, señalan, es que estos precios tan altos «ponen en situación de estrés las economías de las familias y las pequeñas empresas», insisten.

Además, señalan, la aprobación este año de la ley de Cambio Climático y Transición Energética y los nuevos paquetes legislativos de la UE («Fit for 55») hacen necesario revisar el mercado energético «y un estudio en profundidad» del sector eléctrico.

El objeto de la comisión será el estudio de las causas y consecuencias de la evolución de los precios de la electricidad, especialmente en los últimos meses y plantear propuestas para diseñar un sistema eléctrico «que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía». Hoy Bank of America lo ha dejado muy claro: El problema de los altos precios de la energía en España es su alta dependencia de las renovables y del gas.

La Mesa del Congreso calificó, además, el miércoles una iniciativa de Más País para promover una comisión de investigación sobre el alza del recibo de la luz, que negociaron después para darle forma de comisión de estudio y que contaba con el visto bueno de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Las viviendas heredadas, más libres para la venta desde este viernes

Las viviendas heredadas, más libres para la venta desde este viernes

Las viviendas heredadas, más libres para la venta desde este viernes

03 septiembre, 2021

Este viernes 3 de septiembre ha entrado en vigor la supresión del artículo 28 de la Ley Hipotecaria, que establecía que las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirían efecto hasta dos años después de la muerte.

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

La eliminación de este artículo forma parte de la Ley 8/2021 de 2 de junio de reforma de la legislación civil y procesal, que fue publicada el pasado 3 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ha entrado en vigor tres meses más tarde.

El Ejecutivo ya señaló entonces que los supuestos que, eventualmente, este artículo buscaba proteger eran muy residuales en comparación con el perjuicio que ocasionaba y las situaciones antieconómicas que generaba.

Por ello, como parte de esta ley, se decidió suprimir el citado artículo, que el sector tachaba de obsoleto, agilizando por tanto la venta de casas heredadas.

Con esta derogación, que entra en vigor ahora, se evita la limitación de tener que esperar esos dos años desde la fecha de fallecimiento del causante para convalidar la inscripción registral de los herederos no forzosos, dando vía libre a la venta de todo el producto inmobiliario derivado de las herencias de herederos no forzosos.

Además, cabe tener en cuenta que esta derogación se enmarca en un contexto de pandemia, en el que han aumentado las herencias de vivienda como consecuencia del fallecimiento de sus propietarios a causa del coronavirus y en el que muchos de sus nuevos dueños buscan sacarlas al mercado de venta.

Fitch mantiene la calificación del Banco Sabadell en aprobado bajo

Fitch mantiene la calificación del Banco Sabadell en aprobado bajo

Fitch mantiene la calificación del Banco Sabadell en aprobado bajo

La agencia de medición de riesgo Fitch mantiene la calificación crediticia de Banco Sabadell en BBB-, nota equivalente a un aprobado bajo, y lo sitúa en perspectiva estable.

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

Fitch justifica esta calificación por la mejora de las expectativas económicas en España y en especial en el Reino Unido, los dos principales mercados donde opera este banco.

Esta agencia también cree que el nuevo plan estratégico del banco puede contribuir a mejorar la flexibilidad financiera de la entidad en caso de mayores riesgos de calidad de activos.

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

El Santander deberá restituir 508.000 euros a una empresa que compró acciones del Banco Popular

21 mayo, 2021

LAS ACCIONES ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA SEVILLANA «HAN DESAPARECIDO», POR LO QUE «SU VALOR ACTUAL ES DE CERO EUROS» SIN QUE LA INVERSORA RECIBIESE «NINGÚN DIVIDENDO», POR LO QUE EL RESULTADO FUE UNA «PÉRDIDA PATRIMONIAL» DE 508.851,53 EUROS, SEGÚN LA DEMANDA

Un juzgado de Madrid ha condenado al Banco Santander a restituir a una empresa sevillana los más de 500.000 euros que perdió tras invertirlos, por recomendación de la propia entidad, en la ampliación de capital del Banco Popular, que le ofreció un folleto informativo con «falsedades».

En una sentencia fechada el 18 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid estima íntegramente la demanda interpuesta por la empresa y declara la nulidad del consentimiento «prestado por error» al contrato de adquisición de acciones del 20 de junio de 2016, por el que desembolsó 508.851,53 euros al Popular.

Este pago se divide entre 109.475,28 euros por derechos de suscripción preferente y 399.376,25 invertidos en acciones, según el acuerdo alcanzado el 1 de junio.

La jueza condena al banco a restituir a la empresa el importe total invertido más intereses, aunque la sentencia no es firme.

Las acciones adquiridas por la empresa sevillana «han desaparecido», por lo que «su valor actual es de cero euros» sin que la inversora recibiese «ningún dividendo», por lo que el resultado fue una «pérdida patrimonial» de 508.851,53 euros, según la demanda, elaborada por el letrado Javier Pichardo.

En su reclamación, la empresa indicaba que, por recomendación del personal del banco, adquirió 319.501 acciones del Popular en el marco de la ampliación de capital llevada a cabo por esta entidad en mayo y junio de 2016, descrita en el folleto informativo emitido al efecto, que detallaba un precio de emisión de 1,25 euros por acción.

El banco aseguró a la demandante que la inversión «tenía una rentabilidad asegurada».

Al hallarse en aquel momento pendiente de un crédito muy importante para la empresa, «poco menos se condicionó su concesión a la suscripción de acciones por un importe aproximado de 500.000 euros».

El dinero prestado por el propio banco se materializó a través de un préstamo a un año que la mercantil podría devolver con el producto obtenido con la venta de acciones.

La operación firmada el 1 de junio «se vendió a todas luces como ventajosa», ya que «a los pocos meses el banco se ocuparía de la venta de las acciones para liquidar el préstamo sin riesgo».

La «agresiva comercialización» se acompañó de una «agresiva campaña publicitaria» que intentaba trasladar la fortaleza del Popular, que presumía «de los beneficios que ello iba a reportar a los accionistas y los buenos resultados a obtener recuperando la inversión en dos o tres años».

El folleto informativo, sin embargo, «contenía incorrecciones, inexactitudes, falsedades y omisiones de datos relevantes destinados a crear una imagen de entidad solvente y saneada que en modo alguno se correspondía con la realidad», ya que «sobrevaloraba lo positivo y ocultaba o minusvaloraba lo negativo, pues los riesgos y pérdidas ya existían».

La presentación comercial y el folleto fueron los argumentos por los que la empresa «ponderó las bondades de la ampliación de capital», pero «la realidad era que el banco se encontraba en una situación de déficit de recursos propios», algo «que ocultó el folleto», en el que «de forma adulterada» obvió «los riesgos de liquidez, solvencia, de crédito y reputación».

Como acepta la sentencia basándose en la demanda, esas «incorrecciones» también fueron identificadas en la investigación del Jugado Central de Instrucción número 4, por el Defensor del Pueblo y por la sanción que el Ministerio de Economía impuso al responsable de la auditoría.

El mundo, más pendiente de dónde caerá ahora un cohete chino sin control que de la covid-19

El mundo, más pendiente de dónde caerá ahora un cohete chino sin control que de la covid-19

El mundo, más pendiente de dónde caerá ahora un cohete chino sin control que de la covid-19

07 mayo, 2021

LA PROBABILIDAD DE QUE CAIGA EN ESPAÑA HA AUMENTADO UN 50% EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS, PERO SIGUE SIENDO MUY BAJA, APUNTA EL CDTI

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El cohete chino Long March 5B viaja sin control a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora y en completar una vuelta a la Tierra tarda hora y media; la última previsión dice que entrará en la atmósfera a la 1:59 horas peninsular del domingo, con un margen de error no obstante de más menos 7 horas y 45 minutos. El gran problema es que no sé sabe en que lugar de la Tierra caerá y tiene en común con la covid-19, que ha asolado y asola el mundo, que ambos salieron de China.

«A medida que el cohete vaya perdiendo altura en su órbita elíptica -ahora en el punto más cercano a la Tierra está a 160 kilómetros- se podrá reducir esta incertidumbre», ha señalado a Efe Jorge Lomba, jefe del departamento de Espacio del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

Las estimaciones más certeras, por tanto, sólo se podrán hacer unas pocas horas antes del reingreso, recalca este experto, quien señala que, según los últimos cálculos a partir de observaciones y modelos matemáticos, los restos del cohete que podrían caer a la Tierra lo harían en algún punto de los paralelos 41.

Y con mayor probabilidad en el océano Atlántico, seguido del Pacífico y del Índico.

Es cierto, agrega, que en la zona que separa el paralelo 41 norte y sur se encuentra una parte de Europa y en concreto España, pero a día de hoy las posibilidades de que los restos caigan en superficie terrestre son muy bajas: «la probabilidad de que caiga en España ha aumentado un 50% en las últimas 12 horas, pero sigue siendo muy baja».

«Durante las 15 horas en las que podría producirse la entrada en la atmósfera terrestre, sobrevolaría territorio español durante menos de 3 minutos».

Tanto el Pentágono (Estados Unidos) como el Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea (EUSST) están monitoreando el cohete chino que está fuera de control y ven poco probable que caigan restos del mismo en zonas pobladas de la Tierra.

El cohete (un Long March 5B), que fue utilizado la pasada semana por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial, tiene una masa estimada que oscila entre las 17 y las 21 toneladas y un tamaño de unos 30 metros, lo que lo convierte, en el pasado cercano, en uno de los mayores trozos de escombros que reentrarían en la atmósfera, de ahí su vigilancia continuada.

El EUSST está coordinado por el CDTI y tiene varios servicios en marcha, entre ellos el de vigilar objetos que vagan sin control y que podrían reentrar en la atmósfera terrestre. Esta vez, aunque la coordinación global del EUSST la lleva el organismo español, le ha tocado a Italia coordinar los datos respecto al cohete chino.

Para ello se nutre de mediciones de telescopios y diversos radares, entre ellos el de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), que ha estado enviando datos hasta ayer.

Aunque el radar esté en Sevilla, depende del Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, ubicado en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) y gestionado por el CDTI; Italia pide los datos al centro madrileño y este comanda el radar de Morón para que «apunte» donde se quiere que lo haga y recolecte datos, según Lomba.

Los radares europeos han podido observar el objeto chino entre 15 y 20 veces los últimos tres días y los datos últimos del radar español se enviaron ayer: ahora el cohete está en una órbita en la que no puede ser captado por este radar.

Según Lomba, el artefacto está vigilado en todo momento y por su tamaño la posibilidad de que algunos de sus restos entren en la atmósfera «no es despreciable».

No es la primera vez que una nave china está en el punto de mira de servicios de vigilancia de todo el mundo, incluido España.

En abril de 2018 el laboratorio orbital Tiangong 1, que estaba en desuso desde 2016 y que vagaba sin control por el espacio, reentró en la atmósfera terrestre sobre el océano Pacífico sur.

En aquella ocasión, donde los riesgos asociados también fueron pequeños, el CDTI fue el que coordinó en la UE su seguimiento.

Para ello utilizó datos de diferentes puntos europeos -radares, estaciones láseres y telescopios- que manejó el Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial de Torrejón de Ardoz.

En aquella ocasión, como en esta, se informó en tiempo real de la reentrada a los servicios de protección civil de toda Europa; se seguirán, por parte europea, actualizando las predicciones dos veces al día, tanto el viernes como el sábado.

Hoy desde China el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin aseguró que «la mayoría de los restos del cohete se desintegrarán y se destruirán durante su reentrada en la atmósfera; es altamente improbable que causen ningún daño a la Tierra».

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank: los salarios de la alta dirección de la banca española están ‘muy regulados’

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank: los salarios de la alta dirección de la banca española están ‘muy regulados’

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank: los salarios de la alta dirección de la banca española están ‘muy regulados’

06 mayo, 2021

PARA SER APROBADOS, DEFIENDE EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL BANCO, PASAN POR LA COMISIÓN DE REMUNERACIONES, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EVENTUALMENTE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR LO QUE EL MARCO NORMATIVO «ES ROBUSTO»

Corredor de Bolsa en Wall Street, Nueva York. EFE/ Justin Lane

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrado este jueves «máximo respeto» a las opiniones de miembros de Gobierno sobre las remuneraciones de los directivos bancarios, y ha recordado que los salarios de la alta dirección de la banca española están «muy regulados».

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer trimestre, Gortázar se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la polémica en torno a los salarios de los directivos del sector bancario.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, pidió el pasado 21 de abril a los bancos «responsabilidad» para buscar todas las alternativas que minimicen el impacto negativo sobre el empleo de las fusiones, especialmente cuando se producen al tiempo que se pagan sueldos y bonus «inaceptables» a los directivos, dijo.

«Tenemos que ser deportivos y aceptar los comentarios sobre este asunto, como es lógico. Sí creo que es bueno recordar en este aspecto que es un asunto conocido, muy regulado, de los más regulados, afortunadamente para bien, desde la crisis de hace 12 años», ha dicho el directivo.

El primer ejecutivo de CaixaBank ha asegurado que se trata de un proceso «extraordinariamente reglamentado», ya que los salarios de la alta dirección del banco pasan por la comisión de remuneraciones, por el consejo de administración y eventualmente por la Junta General de Accionistas, por lo que el marco normativo «es robusto», ha dicho.

Los sindicatos de CaixaBank han pedido recientemente en cartas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, que «frenen» el ajuste de plantilla y voten en contra de los sueldos de la nueva cúpula en la próxima junta de accionistas.

Los sindicatos califican en la carta al ERE de «absolutamente abusivo» y denuncian que el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, tendrá una remuneración fija de 1,6 millones de euros, el triple de la que percibía como presidente de Bankia.

Las fuerzas sindicales piden por ello que en la próxima junta general de accionistas de CaixaBank, prevista para el 14 de mayo, el FROB, el segundo accionista más importante del banco, «vote en sentido contrario a las subidas salariales de los directivos».

Gortázar se ha limitado a apuntar en la rueda de prensa que las remuneraciones de los directivos son algo muy reglado, que se discute tanto en las comisión de remuneraciones del banco como en el consejo, cuyas deliberaciones son confidenciales, y que la última palabra la tienen los accionistas en una Junta.

Ha añadido que «respeta profundamente todas las opiniones» y ha comentado que esta regulación sobre las retribuciones no es «exclusiva de la banca ni tampoco exclusiva de España».

En cuanto a la participación del Estado a través del FROB en el capital de la nueva CaixaBank, Gortázar ha asegurado que la participación del FROB en Bankia valía unos 2.000 millones de euros antes de la fusión y que tras la integración se ha revalorizado 1.500 millones hasta 3.500 millones.