MARCHANDO UNA DE SEDICIONES
15 noviembre, 2022
Ya es conocido que las negociaciones PSOE-PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial encallaron, al menos de forma pública, por la más que posible rebaja de gravedad del delito de sedición en el Código Penal. Sí, ese delito que llevó a un buen número de independentistas catalanes a la cárcel no hace mucho… y que fueron indultados hace nada. Si ya el indulto olía a chamusquina, qué decir de este más que próximo paso que pretende dar el gobierno Sánchez para contentar a ese socio que tanto necesita para seguir con vida hasta el final de la legislatura como es Esquerra Republicana de Catalunya.
Así es la política: transacciones del tipo “do ut des” (para los no duchos en latín: “doy para que me des”), o intercambio de favores si prefieren llamarlo así. El gobierno gana tiempo y consigue el apoyo a los presupuestos generales del Estado de un socio de legislatura que aporta un buen número de escaños. Esquerra, por su parte, puede esgrimir antes sus votantes logros tangibles en sus conversaciones con Madrid, con ese Estado… del que pretenden segregarse, pues que se sepa el objetivo sigue ahí aunque ahora aparezca aletargado.
Los socialistas esgrimirán seguramente que con acuerdos así se consigue “desinflamar” (y utilizo conscientemente el verbo que ellos inventaron para el tema catalán) la relación con la Cataluña independentista, tornándola más pacífica. Es verdad que de 2017 a esta parte se ha conseguido instalar un cierto “impasse” en las pulsiones secesionistas, lo cual no significa que vuelvan a aparecer, especialmente si se les concede facilidades. En este sentido, la rebaja en la definición de sedición y de las penas anejas a dicho delito actuarían como disipadores del temor a volver a intentarlo.
Desde una perspectiva histórica, si esto se consuma, lo que tendremos ante nosotros serán ya dos frutos objetivos, desde el punto de vista jurídico, del intento independentista de 2017: un indulto de quienes lo perpetraron y una dulcificación de la sedición. Se pone así la justicia al servicio de quienes quieren romper con el conjunto de España en vez de ponérselo más difícil. Esta es la lectura más simple que se hará el ciudadano de a pie, más allá de transitorias “desinflamaciones” del problema.
Por cierto, para que haya desinflamaciones antes ha debido haber una inflamación; en este caso, fruto de una patada –y no meramente metafórica– a los fundamentos de un Estado de derecho como España. Si un árbitro de fútbol empieza a hacer dejación de funciones y permitir las patadas alevosas al rival, su autoridad queda en entredicho y todos se animan a seguir el juego duro. Si el gobierno quita instrumentos a la justicia para mantener la lealtad y el orden constitucional, tenemos un señor problema. Las tarjetas rojas existen en el reglamento y están para algo.