N. 87 

En esta sesión, hablamos de urbanismo, vivienda y turismo, que constituyen tres pilares fundamentales de nuestro futuro. Estamos enfilando (esperemos) la recta final de esta pandemia, y hemos de volver a la normalidad sin adjetivos. Y en esa normalidad se inscribe la reactivación del sector inmobiliario y del turístico.

Para analizar la situación en la que se encuentra nuestro sector inmobiliario después del Covid, conversamos con Mª Dolores Alcover-Aguilar: presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región. En esta entrevista, ella se muestra convencida de que se puede fomentar la inversión turística y el mercado residencial a partir de tener enclaves naturales interesantes y respetando el medio ambiente.

La jumillana Lola Alcover-Aguilar García preside el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región y es secretaria general del Consejo General de Coapi de España. Lola Alcover se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia, y es perito tasador de inmuebles. Desde su más tierna infancia, ha conocido el sector a la sombra de su padre, Camilo Alcover, fundador del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en nuestra Región, cuya presidencia ostentó durante 30 años.

 

Amenazaron con ello y lo hicieron; levantaron las alfombras todas en el Ayuntamiento de Murcia en busca del arca perdida, donde al parecer se debían refugiar los secretos mejor guardados de nuestra Casa Consistorial. Metieron sus manos presurosas en ella, y se toparon de repente con convenios urbanísticos inextricables, y con sus más inextricables condiciones todavía. Unos convenios, por otra parte, harto conocidos, los de la zona Norte, que estaba destinada a convertirse en ‘El Dorado’ de Murcia. Y este hipotético hallazgo nos podría dejar una presunta deuda de 125 millones de euros.

De antemano, sabíamos que la moción de censura en la capital, iba a conllevar serias consecuencias. Lo que no podíamos aventurar siquiera es que en la ágil práctica del deporte olímpico del levantamiento de alfombras, tan cacareado como anunciado, se llegara al extremo de desempolvar un septeto de convenios suscritos en la época de “la grandeur”, que nos podrían costar 125 millones a los murcianos. En consecuencia, el Ayuntamiento podría enfrentarse a la mayor crisis económica de su historia, provocada por los susodichos convenios norteños. Los distintos servicios municipales están estudiando ahora la situación técnica y jurídica de cada uno de estos siete magníficos convenios con el objetivo de determinar la solución más factible. Si es que la hay.

Las posibles reclamaciones judiciales por siete convenios urbanísticos no ejecutados en la zona Norte del municipio de Murcia tienen la culpa, y podrían ocasionar un agujero de unos 125 millones de euros al Consistorio. Este hecho insólito implicaría cinco años de paralización de inversiones en el municipio.

Tras la sentencia que da la razón a la promotora Mamusa, sociedad que quería construir 5.000 viviendas en El Dorado norteño, el ayuntamiento se ve obligado a pagar 20 millones de euros. El fallo ya ha sido recurrido, según el concejal Andrés Guerrero, quien advirtió que el resto de constructoras, que firmaron convenios con el Ayuntamiento desde 2005, podrían basarse en esta sentencia lo que nos conduciría a la mayor crisis económica del Ayuntamiento, jamás contada ni vivida en la Murcia moderna.

En cambio, para el PP la situación estaba controlada porque los convenios de las discordias más importantes ya se estaban reconduciendo. El concejal popular Antonio Navarro detalló que todas las actuaciones estuvieron coordinadas con el Departamento de Fomento, que dirige precisamente Mario Gómez; y que estaban abiertas negociaciones en pos de alcanzar acuerdos con los promotores para trazar una estrategia conjunta en busca de un nuevo modelo de ciudad, basado en reducir la edificabilidad, por medio de la modificación de convenios.

A su vez, el también concejal popular Eduardo Martínez-Oliva afirmaba que el equipo de Ballesta había dejado en la caja más de 120 millones para acometer inversiones y 41 millones de liquidez para atender cualquier incidencia. Mas mucho me temo que esta incidencia, si se consumara, no sería una incidencia cualquiera, la suma ascendería a 125 millones de euros que tendríamos que asumir en el peor momento, en plena crisis económico-sanitaria.

De esta incierta suerte, sin comerlo ni beberlo, porque los murcianos de a pie no hemos catado el oscuro encanto del urbanismo, si las cosas salieran mal en los juzgados, y los precedentes no son nada halagüeños, podríamos tener que afrontar una deuda millonaria por unos convenios que, al parecer, cuando se convinieron no nos convenían. Y a los hechos me remito. De momento, ya hay una sentencia que nos condena a pagar 20 millones. Sí, está recurrida; pero vano consuelo…

Para analizar en profundidad éste y otros asuntos, en FRECUENCIA MURCIA ECONÓMICA, hoy nos acompañan:

Fernando Abadperiodista y comentarista político

Enrique Ros, ex decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales

Javier Adán, periodista. corresponsal de "El Mundo"